Tras conocerse que la Comisión Especial de Investigación Odebrecht y Lava Jato, de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), involucró a ocho personas en Bolivia en presuntos sobornos por obras públicas adjudicadas a las empresas brasileñas Camargo Correa y Odebrecht, entre los que está el expresidente y candidato a la presidencia por el FRI, Carlos Mesa, este cree que quieren “demolerlo”.

La presidenta de dicha instancia legislativa, diputada Susana Rivero, explicó que se identificó, en su informe final, tres indicios que demuestran que la operación Lava Jato llegó al país. Usando la misma metodología que se usó en otros países se observó  coincidencias de viaje en lugares y fechas de altos funcionarios públicos bolivianos con los máximos representantes de las empresas brasileñas, también se vio movimientos bancarios “inusuales”, transacciones que no tienen justificación económica ni legal.

“Hemos decodificado los movimientos sospechosos del señor Carlos Mesa, porque levantó su secreto bancario, se registró movimientos inusuales o sospechosos de dinero que la instancia competente deberá investigar a que corresponden y de dónde vienen”, dijo.

Ante estas declaraciones, Mesa tuiteó: “Camargo Correa, la vergonzosa investigación de la comisión masista presidida por Susana Rivero, otro Quiborax para demolerme”.

En un resumen ejecutivo de las cartas que envió a Rivero, Mesa indicó que la investigación que realizaron se basa en el documento de la Policía brasileña denominado “Castillo de Arena”, que establece el pago de supuestos sobornos de Camargo Correa en Bolivia y que las supuestas coimas se pagaron entre el 19 de septiembre de 2005 y el 18 de agosto de 2008, durante los gobiernos de Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales, cuando él ya no era Presidente.

Según la comisión también se encontró movimientos financieros inusuales y sospechosos de un ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, de un ministro y dos viceministros del gobierno de Carlos Mesa, de un ministro del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé y de dos gerentes del antiguo Servicio Nacional de Caminos.

El informe final recomienda a la Asamblea Legislativa remitirlo al Ministerio Público para que empiece una investigación jurisdiccional.

LA PAZ/Fides

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