El Ministerio Público determinó este miércoles la aprehensión del alcalde de Quillacollo, Zacarías Jayta y del presidente del Concejo, Víctor Osinaga, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y concusión, después de que el munícipe declarará ante la Fiscalía.

Jayta y Osinaga permanecerán en las celdas de la Policía hasta que el juez determine hora y día para su audiencia de medidas cautelares.

El Alcalde de Quillacollo rechazó las afirmaciones del diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Lucio Gómez, quien pidió su renuncia “para limpiar su imagen”, haciendo referencia a la demanda que presentaron exfuncionarios municipales de Quillacollo.

Según Jayta nunca tuvo ningún contacto con las empresas, proveedores o representantes que se adjudicaron obras o proyectos durante la gestión 2.018. Los procesos se realizaron de manera transparente dentro el marco de las normas legales vigentes y bajo la verificación del SICOES, añadió.

Un exfuncionario de la gestión de Jayta, denunció que la autoridad recibía el 50 por ciento de lo que se cobraba a las empresas adjudicadas. Un 40 por ciento estaba destinado al Concejo Municipal, según una fórmula de cobro y división del dinero.

El excoordinador de la Secretaría General, Jesús Saldivar, explicó que la fórmula fue implementada por Jayta cuando asumió como alcalde, en junio de 2018. Ésta determina porcentajes de cobro y división de recursos.

La tabla expuesta refleja que las empresas que se adjudicaban contratos mayores al millón de bolivianos debían entregar un 20 por ciento del monto a cobrar.

En el caso de los contratos inferiores al millón, el porcentaje era del 15 por ciento. Mientras que en compras menores, las firmas debían entregar el 12 por ciento, según la fórmula.

Estos recursos eran divididos en diferentes porcentajes entre el Alcalde, concejales y directores.

COCHABAMBA/Fides

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