El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) ha informado que, la cantidad de individuos que pueden ser considerados realmente como “presos políticos” no supera las 30 personas. Manuel Morales, representante del CONADE, explicó que la autoidentificación como preso político es crucial. “No podemos asignar ese carácter de manera externa”, afirmó. Muchos detenidos han sido coaccionados para declararse culpables en procesos abreviados, lo que los convierte en delincuentes confesos y los excluye de ser considerados como presos políticos.
El fenómeno no es exclusivo de la oposición civil; también afecta a miembros de las fuerzas armadas, quienes, a pesar de enfrentar cargos penales, han evitado autodefinirse como presos políticos debido a presiones institucionales y familiares.
Casos Emblemáticos
Morales mencionó casos relevantes, como el de la expresidenta Jeanine Áñez, y los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, quienes se mantienen firmes en su declaración de inocencia. En contraste, muchos líderes de Adepcoca han optado por la salida de procesos abreviados, a menudo tras sufrir presiones.
Uno de los casos más dramáticos fue el de Marco Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, quien enfrentó una persecución judicial incesante y condiciones inhumanas en prisión, que culminaron en su trágica muerte sin que se investigaran las circunstancias.
Vulneración de Derechos Humanos
El CONADE denuncia que el Ministerio de Gobierno y la Policía han ofrecido la libertad a detenidos a cambio de confesiones de culpabilidad, lo que constituye una clara violación de derechos humanos. Este contexto ha llevado a que muchas personas, mal asesoradas, se declaren culpables y, en consecuencia, pierdan su posibilidad de ser representadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Justicia y Poder Político
La situación de la justicia en Bolivia es crítica, con un sistema que parece estar subordinado al gobierno. Morales señaló que el caso del expresidente Evo Morales ilustra esta problemática, donde las presiones políticas han impedido su detención. La justicia se ha convertido, según él, en un “sicariato judicial” que actúa a favor de los intereses del gobierno actual.
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