El Legislativo remitió ante diferentes instituciones del Estado y de justicia el proyecto de ley 305, sobre el cumplimiento de compromisos internacionales sobre derechos humanos, esto ante denuncias de que la norma pretende criminalizar la libertad de expresión a título de incitación al racismo y discriminación.
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Betty Yañiquez, miembro de la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja manifestó que en tanto no exista un pronunciamiento de estas instancias, el proyecto de norma no será tratado.
“Nosotros hemos elevado en consulta al Tribunal Constitucional para que haga el control justamente y de igual manera a la oficina del Defensor del Pueblo para que vea el tema de los derechos humanos y derechos vulnerables de todos los habitantes del Estado y así también a la Procuraduría”, precisó.
En tanto, la Asociación de Periodistas se encuentra en estado de emergencia y exige la anulación del artículo 281 del proyecto de norma al considerar la misma es una “mordaza” para penalizar la libertad de expresión en Bolivia.
“El tema es que por la manera en que está redactado este artículo puede dar pie a que hayan injusticias y abusos contra los periodistas (…) no es que estemos en contra de la lucha contra el racismo, pero no tenemos en el país una justicia independiente ya que depende del poder ejecutivo”, se indicó.
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