El último proceso electoral, definido en una segunda vuelta histórica, marcó la primera vez que Bolivia eligió a su gobierno mediante balotaje. La población participó en las jornadas del 17 de agosto y del 19 de octubre, ejerciendo su deber cívico para fortalecer la democracia. Sin embargo, durante el desarrollo del proceso surgieron dudas sobre el manejo y la difusión de los datos preliminares y oficiales, los cuales están restringidos por norma a los medios de comunicación.
En esta etapa, varios medios fueron sancionados, no por vulnerar la normativa o atentar contra la democracia, sino por interpretaciones de la ley que derivaron en observaciones leves o de forma.
Ante esta situación, distintos sectores y organizaciones de derechos humanos, particularmente en Chuquisaca, salieron en defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información. Señalaron que las restricciones deben equilibrar la transparencia con la libertad de prensa. Aunque normas similares existen en otros países de la región, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi reconoció que el desafío mayor está en el control de los medios digitales y las redes sociales, donde la información circula sin verificación y genera desinformación en la ciudadanía.
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