En el marco de la lucha por los derechos de niños, niñas y adolescentes, la diputada Gabriela Ferrel expresó su preocupación sobre el índice de incumplimiento de la asistencia familiar en el país, que afecta a los menores de edad. Según la legisladora, un desolador 80% de los padres no cumple con la obligación de asistir a sus hijos económicamente, lo que pone en riesgo el bienestar de miles de niños que carecen de lo más básico: alimentación, vestimenta y educación.
La diputada, quien busca reformar la legislación vigente sobre este tema, destacó que las estadísticas actuales son incompletas, ya que las autoridades no actualizaron debidamente los registros en los juzgados. Sin embargo, la magnitud del problema es evidente: ocho de cada diez padres fallan en su deber de mantener a sus hijos.
Actualmente, un proyecto de ley busca modificar la normativa sobre la asistencia familiar se encuentra en revisión en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). A pesar de que el proyecto fue aprobado por unanimidad en una ocasión, ha sido retrasado debido a cambios en la presidencia de la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley propone medidas más efectivas para garantizar el cumplimiento de la asistencia familiar, como la creación de un registro de deudores de asistencia familiar, que no solo impactará a los incumplidores a nivel penal, sino que también restringirá ciertos derechos de los padres morosos. Por ejemplo, aquellos que estén en deuda no podrán contraer matrimonio, salir del país, ni acceder a ciertos servicios financieros, como préstamos bancarios, a menos que estos estén destinados a ponerse al día con las pensiones alimentarias.
El colectivo Madres Mamás Sororas de Bolivia, liderado por Karen Alanoca, denuncia el grave incumplimiento de asistencia familiar por parte de muchos padres en el país, con 150 casos registrados solo en La Paz. Las madres enfrentan dificultades judiciales y violencia institucional al intentar exigir el pago de pensiones alimentarias. El colectivo aboga por la creación de un registro nacional de deudores para garantizar que los responsables enfrenten consecuencias, y presiona a la Asamblea Legislativa para que apruebe esta ley, destacando que la lucha no es solo por las madres, sino por los derechos fundamentales de los niños y adolescentes.
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