El caso Consorcio es uno de los mayores escándalos que ha afectado aún más la ya dañada imagen del sistema judicial boliviano y despertó sospechas sobre la injerencia política en el órgano judicial. Este caso surge a raíz de un audio en el que, presuntamente, se escucha al ahora exministro de Justicia, César Siles, coordinar con el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, la emisión de una resolución judicial relacionada con una acción de cumplimiento contra la magistrada Fanny Coaquira, por presuntamente haber utilizado un documento falso para su postulación y elección. A través de este fallo, buscaban la suspensión de Coaquira como magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), elegida por voto en las elecciones judiciales de 2024 y viabilizar la habilitación de su suplente, Iván Campero.
Pero, ¿qué intereses motivaron este tipo de maniobras e injerencias en la justicia? No solo hay casos con intereses económicos, sino principalmente políticos. A raíz de esta situación se apuntó al gobierno de pretender manejar la justicia en su beneficio, colocando autoridades que respondan a sus intereses, como ejemplo se cita lo ocurre con casos de relevancia que recaen en manos de magistrados autoprorrogados en sus cargos y la emisión de fallos que favorecen al gobierno.
/// MOJ // CHUQUISACA ///
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