El narcotráfico perforó instituciones en el Estado boliviano. No solo se detectaron casos de cédulas de identidad falsas, sino también documentos de matrimonio adulterados que facilitan la fuga de narcotraficantes internacionales. El caso más reciente es el de Luis Freitas, líder del Primer Comando Capital (PCC), quien escapó del país utilizando documentación irregular. Meses atrás, el uruguayo Sebastián Marset hizo lo mismo, y aseguró haber pagado a funcionarios del Gobierno para obtener protección.
La situación ahonda por tres factores: la falta de control efectivo sobre la coca excedentaria, un gobierno permisivo con el narcotráfico y una estructura judicial y policial corrompida. En Santa Cruz se registraron hechos violentos relacionados con el narcotráfico, como los asesinatos de policías en Porongo, el caso del capitán Aldunate, asesinado frente a su domicilio, y acribillamientos que siguen impunes.
Pese a las evidencias, el presidente Luis Arce negó públicamente la existencia de carteles de droga en Bolivia. Sin embargo, medios internacionales, como la televisión brasileña, expusieron la influencia del narcotráfico en el país. En este contexto, surge la pregunta: ¿será capaz el próximo gobierno de enfrentar este flagelo? Los candidatos en carrera hacia la segunda vuelta presidencial aún no socializaron propuestas concretas sobre cómo enfrentar esta amenaza.
/// ED // SNATA CRUZ ///
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