La diputada Gladys Quispe solicitó el arraigo de 46 autoridades del nivel central del Estado y de entidades estatales, en aplicación de la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria. Esta norma, aprobada en la gestión parlamentaria de la ahora exsenadora Eva Copa, establece que los servidores públicos que ejercieron altos cargos deben permanecer en el país por un tiempo determinado, especialmente si están bajo auditorías o investigaciones por posibles irregularidades. El objetivo es garantizar una transición transparente y que estas personas respondan ante cualquier observación en los plazos establecidos.
La Contraloría General del Estado respondió a una solicitud del senador Montero, indicando que 46 exautoridades presentaron sus declaraciones juradas. Sin embargo, no se especificaron los nombres ni cargos. Según la ley, la Contraloría debe remitir esta información de forma completa y detallada. Además, organizaciones sociales y legisladores exigieron que el Ministerio Público, la Procuraduría y la Policía hagan cumplir esta normativa, para evitar la fuga de quienes enfrentan procesos por sobreprecios, contratos irregulares o mala gestión.
Desde su promulgación en 2020, la ley fue aplicada de manera parcial. En anteriores transiciones, varios exministros y autoridades subnacionales salieron del país o evitaron rendir cuentas, pese a denuncias formales.
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