El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, aseguró en las últimas horas que la derogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado 2025 que establece la confiscación de productos, no depende del Ejecutivo, sino del Órgano Legislativo. Asimismo, rechazó los plazos exigidos por dirigentes gremiales advirtiendo que estas demandas responden a intereses políticos.
“Hay peticiones de algunos dirigentes que están en el marco del protagonismo político porque son peticiones o planteamientos que no se pueden atender y no porque no haya una voluntad política de atender sino porque no se puede atender lo que están pidiendo debido a que no hay atribuciones y competencias para atender lo que están pidiendo ya que la abrogación o derogación de un artículo de una ley no es competencia del Ejecutivo sino una competencia del Órgano Legislativo por lo tanto dar plazo para que se derogue es simplemente inatendible”, explicó.
Las declaraciones del viceministro surgen en respuesta a la advertencia de movilizaciones por parte de sectores cuentapropistas, quienes exigen la eliminación de esta disposición. Sin embargo, Silva reiteró que cualquier modificación debe ser tratada en el marco legislativo.
La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 señala que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
/// APC // LA PAZ ///
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