El Tribunal Agroambiental emitió una acción ambiental con ocho medidas cautelares para enfrentar los incendios forestales, destacando un plazo de seis meses otorgado a la Asamblea Legislativa para revisar y adecuar las llamadas “leyes incendiarias” Ley 741 y Ley 1171, que permiten la ampliación de la frontera agrícola y contribuyen a la destrucción de áreas protegidas y fiscales. La asamblea debe armonizar estas normas con otras leyes y tratados internacionales para evitar un mayor avance sobre zonas protegidas, según informó Ángeles Mamani Rocha, una de las demandantes de esta acción ambiental y coordinadora de un programa de conservación a Radio Fides.
También se ordenó al Estado brindar ayuda inmediata a los bomberos forestales que combaten incendios en zonas críticas como Santa Cruz y Beni. La medida, parte de una acción ambiental colectiva, exige que en un plazo de 48 horas se asignen recursos económicos, equipamiento y apoyo logístico para garantizar condiciones mínimas de seguridad y operatividad al personal que trabaja en primera línea. También se establece que los municipios y juzgados agroambientales coordinen directamente estas acciones en territorio.
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