La crisis penitenciaria en Bolivia golpea con fuerza a las cárceles de todo el país. Desde siete departamentos, los testimonios y reportes coinciden en reflejar una situación común de hacinamiento extremo, deudas por el pago de prediarios, la falta de medicamentos, celdas dominadas por mafias internas y una gran cantidad de detenidos preventivos que pasan años sin sentencia. A esta situación se suma la precariedad alimentaria y la falta de acción estatal, que convierte a las prisiones en espacios donde la sobrevivencia se vuelve prioridad, más que la rehabilitación de los internos.
Hasta julio de 2025, la población carcelaria en Bolivia supera los 33.200 internos, según informó el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias. El sistema presenta un alto índice de detención preventiva, con el 58,7% de los reclusos en esta condición, mientras que el hacinamiento alcanza un promedio del 105%. En algunas regiones urbanas, como Santa Cruz y La Paz, la ocupación llega a superar el 117%. Esta sobrepoblación refleja la falta de políticas efectivas para descongestionar las cárceles, lo que agrava aún más la situación, especialmente para los jóvenes privados de libertad, quienes carecen de oportunidades de reinserción social.
La problemática penitenciaria en Bolivia, aunque varía según las regiones, comparte un mismo patrón: hacinamiento, impunidad y abandono por parte del Estado. Los prediarios, que deberían ser utilizados para garantizar la subsistencia básica de los internos, se convirtieron en una muestra más de la deuda institucional. Mientras tanto, miles de detenidos continúan esperando sentencia, y las familias de los internos se ven atrapadas por el peso de un sistema penitenciario que se encuentra al borde del colapso.
/// GPP // LA PAZ ///
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