El Gobierno central confirmó este miércoles apeló la decisión judicial que otorgó detención domiciliaria al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y libertad pura y simple al exlíder cívico de Potosí, Marco Pumari, en el marco del caso denominado Golpe I. La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, explicó que todos los órganos del Estado tienen la responsabilidad de garantizar justicia en los casos vinculados a violaciones de derechos humanos. “Se han presentado las apelaciones pertinentes, considerando los fundamentos que ha establecido el juez al momento de dictar su resolución (…). La justicia para las víctimas es una deuda pendiente del Estado”, declaró la autoridad a Bolivia TV.
/// LA PAZ ///
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