Las empresas privadas especializadas en servicios aeroportuarios han declarado emergencia ante la decisión de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa), empresa estatal, de asumir el control exclusivo de servicios esenciales en los aeropuertos del país. Esta medida, que entrará en vigencia el 15 de enero, podría dejar a más de 200 trabajadores sin empleo y afectar la competitividad del sector.
Sabsa, originalmente privada y nacionalizada por el Estado, enfrentó pérdidas millonarias entre 2019 y 2022, lo que llevó a su proceso de liquidación en 2022. Sin embargo y según la denuncia, en 2023 reapareció de manera inesperada, convirtiéndose en cobrador de alquileres de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), la entidad que administra los aeropuertos. Ahora, estaría buscando monopolizar servicios como manejo de carga, atención en tierra, facturación de pasajeros y transporte para personas con movilidad reducida, desplazando a las empresas privadas que operan actualmente.
La medida afecta directamente a 10 empresas y genera incertidumbre entre aerolíneas nacionales y extranjeras, que confían en los proveedores actuales por su experiencia y calidad, advirtió en radio Fides el abogado Álvaro Munguía, representante de las empresas afectadas.
El sector privado exige una auditoría detallada de Sabsa por parte de la Procuraduría, la Contraloría y la Asamblea Legislativa, cuestionando cómo la empresa obtuvo nuevamente su certificación. Además, piden que las empresas estatales compitan bajo las mismas reglas que las privadas, sin privilegios.
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