El fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que ordena la realización de elecciones parciales para completar las altas autoridades judiciales, ocasionará un impacto económico en el país, cuyo costo se calcula en 120 millones de bolivianos. Este monto corresponde a los gastos asociados con la organización de las elecciones judiciales parciales en cinco departamentos del país, donde se elegirán nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, y en dos departamentos adicionales, para completar los cargos del Tribunal Supremo de Justicia.
Según informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tawichi Tawichi, en una entrevista con Radio Fides, el proceso electoral no podrá realizarse el próximo año, como estipula la resolución del TCP, sino hasta el año 2026. Este retraso se debe a las restricciones establecidas en la Constitución Política del Estado, que prohíbe la convocatoria a elecciones parciales en un período inferior a lo que se establece en la Carta Magna.
«Para completar los cargos vacantes, nos va a costar al Estado aproximadamente 120 millones de bolivianos», señaló Tawichi, quien agregó que este nuevo gasto, sumado al presupuesto ya previsto para otros comicios judiciales, podría llevar el costo total a unos 303 millones de bolivianos.
El vocal del TSE explicó que este monto adicional corresponde a las elecciones parciales que deberán organizarse para garantizar la representación adecuada en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo de Justicia, dos de las instituciones clave en la administración de justicia en Bolivia.
El impacto económico de este fallo se extiende más allá de la cifra inmediata de 120 millones de bolivianos. Tawichi hizo hincapié en que la suma total de 303 millones de bolivianos para completar las elecciones judiciales representa casi el doble del presupuesto originalmente destinado a la selección de nuevos magistrados.
«Este esfuerzo económico, de casi 303 millones, es una carga importante para el pueblo boliviano», manifestó el vocal, subrayando que los recursos destinados a estos comicios podrían haberse utilizado en otros proyectos de desarrollo y mejora de infraestructuras.
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