Rodrigo Paz asumirá la presidencia el 8 de noviembre, marcando el fin de casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y el inicio de una nueva era política. El mandatario electo se impuso con el 54 % de los votos frente al 45 % de Jorge Tuto Quiroga y asumirá en medio de unas crisis económicas, escasez de dólares, combustibles y otros insumos.
El plan económico del nuevo gobierno se centra en financiar sus políticas sin recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre las medidas anunciadas destacan la eliminación gradual de subsidios, la reducción de impuestos y aranceles a menos del 10 %, la auditoría de empresas públicas deficitarias y la redistribución del presupuesto nacional bajo el modelo “50-50”, que destina la mitad de los recursos al Estado central y la otra mitad a las regiones. Además, se prevé el cierre de la Aduana Nacional para reemplazarla por un sistema de control digital fronterizo y una reestructuración integral del gasto público.
En paralelo, Paz y su vicepresidente Edman Lara presentaron un paquete social destinado a aliviar la crisis y fortalecer el bienestar ciudadano. Entre las medidas destacan la garantía del abastecimiento de combustibles, la estabilización del tipo de cambio desde el primer día y la creación de un salario universal para todas las mujeres. Lara complementó la propuesta con el bono Dignidad de 850 bolivianos, que podría aumentar hasta 2.000, un subsidio de 2.400 para madres lactantes, la mejora del bono Juancito Pinto, la entrega de laptops a estudiantes y un nuevo bono escolar de 200 bolivianos.
Constitucionalista advierte dudas sobre el cumplimiento legal de las promesas del nuevo gobierno
El abogado constitucionalista Arturo Yañez expresó su decepción por el incumplimiento del presidente electo Rodrigo Paz de jurar en la Casa de la Libertad de Sucre, compromiso asumido por escrito durante la campaña. “Ha perdido una oportunidad fabulosa de jurar en el lugar más icónico de la bolivianidad. Cuando un hombre da su palabra, la cumple, peor si la tiene firmada”, señaló, advirtiendo que este gesto genera dudas sobre la credibilidad del nuevo gobierno y su capacidad para cumplir las promesas hechas en campaña.
Consultado sobre la viabilidad legal de las medidas anunciadas, Yañez sostuvo que “más allá de si pueden hacerse por decreto, ley o reforma constitucional, la realidad económica lo impide”. Explicó que muchas de las propuestas requieren aprobación legislativa y respaldo presupuestario, condiciones que podrían complicarse en un contexto de déficit y falta de divisas. “No hay bolsillo que aguante un Estado derrochador. Se hace campaña en verso y se gobierna en prosa”, advirtió el constitucionalista, al remarcar que la sostenibilidad jurídica y fiscal será la primera gran prueba del nuevo gobierno.
De las promesas electorales del presidente electo, Rodrigo Paz, la normalización del abastecimiento de combustibles es la que tiene una fecha concreta de cumplimiento: el 9 de noviembre, un día después de asumir la presidencia. Esta medida busca garantizar de manera inmediata la disponibilidad de hidrocarburos, aliviar la crisis que ha afectado el suministro de productos básicos en el país y convertirse en el primer test tangible de la capacidad del nuevo gobierno para ejecutar sus compromisos frente a la población. Mientras el resto de las propuestas económicas y sociales, como la reducción de impuestos, la creación de un salario universal para mujeres y los distintos bonos sociales, no cuentan con plazos definidos, la normalización de combustibles se presenta como el primer indicador del rumbo que tomará la gestión de Paz y su vicepresidente Edman Lara.
La normalización del abastecimiento de combustibles es la medida electoral con fecha de cumplimiento, programada para el 9 de noviembre. Desde su perspectiva como experto en hidrocarburos, ¿cuáles son los principales desafíos técnicos y logísticos que enfrentará el gobierno de Rodrigo Paz para cumplir con este compromiso en tan poco tiempo?
El reto de normalizar el combustible: entre la escasez de dólares y la deuda con los Traders
La promesa del presidente electo Rodrigo Paz de normalizar el abastecimiento de combustibles hasta el 9 de noviembre enfrenta un desafío mayúsculo: la falta de divisas y la deuda acumulada con los proveedores internacionales. Según el experto en hidrocarburos Álvaro Ríos, el principal escollo no es técnico, sino económico. Bolivia adeuda entre 400 y 500 millones de dólares a los traders internacionales, quienes frenaron despachos. Son como los 40 millones de litros almacenados en Perú desde hace más de diez días ante la falta de pago. “No son los países los que venden combustibles, sino las empresas, y si no se les paga, cortan el suministro”, advirtió Ríos.
El especialista considera que el nuevo gobierno deberá actuar con rapidez para asegurar créditos en moneda fuerte o ampliar líneas de fiado con las empresas proveedoras, si pretende evitar una crisis mayor con el transporte pesado, que ya anunció protestas si no se cumple el compromiso. Ríos anticipa que el abastecimiento deberá mantenerse de forma continua durante los próximos cuatro o cinco años, mientras se recupera la producción nacional de hidrocarburos. Para ello, calcula que el país necesitará al menos 2.600 millones de dólares en 2026, además de estabilizar el tipo de cambio y revisar los subsidios a los combustibles. “El país ha sido paciente, pero si no se resuelve rápido, la situación puede complicarse. El desastre energético heredado exige medidas inmediatas y quirúrgicas”, concluyó.
/// GPP // LA PAZ ///
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