El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó que, de comprobarse negociados con harina entre un dirigente panificador y la empresa estatal EMAPA, se trataría de un acto de corrupción que debe ser sancionado con todo el peso de la ley. Señaló que su oficina ya tenía conocimiento de estas acusaciones, aunque no mediante denuncias formales y agregó que incluso se habría denunciado que panificadores estarían almacenando el producto subvencionado para luego revenderlo a precio sin subsidio.
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