Álvaro Ochoa Flores, Director Jurídico de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), confirmó este jueves a radio Fides que la institución no ha sido notificada respecto a la reciente decisión del juez de garantías de Rurrenabaque en torno a la continuidad de los trámites mineros para que persista la explotación en cuencas de ríos del norte de La Paz.
De momento todos los procedimientos para la solicitud de contratos administrativos mineros en las cuencas de los ríos Beni, Madre de Dios, Tuichi, Quiquibey, Kaka, Alto Beni y Tequeje se encuentran suspendidos a causa de una Acción Popular interpuesta por los pueblos indígenas del departamento.
Ochoa expresó a nuestra emisora que, hasta el momento, la AJAM no tiene conocimiento oficial de las determinaciones emitidas por el juez.
“No hemos recibido ninguna comunicación formal sobre la resolución del juez en la acción popular, lo que significa que todos los trámites continúan suspendidos”, expresó.
Consultado si FERRECO había enviado alguna solicitud oficial para levantar la restricción, se señaló que no tienen constancia sobre una carta. “Cualquier comunicación relacionada debe ser formal y notificada a nuestra instancia”.
En cuanto a las posibles acciones legales que podría asumir la AJAM en caso de recibir una notificación, Ochoa mencionó que se evaluarán los argumentos presentados por el juez y que las decisiones que emita este serán de cumplimiento obligatorio, aunque sujetas a revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Por su parte, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), representada por Gonzalo Oliver, ha expresado su preocupación ante lo que considera una “falta de acciones efectivas contra la minería ilegal en la región”. En un reciente comunicado, Oliver indicó que han presentado un memorial al juez de garantías constitucionales de Rurrenabaque, solicitando el cumplimiento de una Acción Popular destinada a proteger los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente.
Oliver destacó que, a pesar de las órdenes judiciales, no se ha evidenciado un avance concreto en la atención a la salud de las comunidades afectadas por la contaminación por mercurio. “Hemos solicitado brigadas permanentes de monitoreo de la salud, pero hasta la fecha no se han cumplido”, enfatizó. Además, señaló que no ha habido un patrullaje efectivo para evitar actividades mineras ilegales, lo que agrava la situación en las comunidades.
Asimismo, mencionó un pronunciamiento reciente de las cooperativas mineras que sugiere la reanudación de trámites administrativos que estaban paralizados por la acción popular. “Esto nos preocupa, ya que parece que el juez ha permitido reiniciar trámites sin haber abordado de fondo las demandas del movimiento indígena”, agregó.
La CPILAP ha convocado una asamblea para el 15 de octubre en Guanay, donde se reunirán representantes de los 12 territorios indígenas. Durante esta reunión, se discutirá la situación actual y se definirán medidas a seguir, incluidas acciones jurídicas contra la decisión judicial que contradice la acción popular.
/// GPP // LA PAZ ///
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