La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas FERRECO R.L. obtuvo un auto que permite la continuidad de sus trámites ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Esta decisión llega en un momento crítico, dado que la instancia ha suspendido los procedimientos de solicitud de contrato administrativo minero en las cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios, así como en los ríos Tuichi, Quiquibey, Kaka, Alto Beni y Tequeje, como resultado de una Acción Popular en Rurrenabaque.
En 2023 La Central de los Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) obtuvo un importante triunfo legal al ganar una acción popular que resultó en la suspensión de las actividades de minería ilegal en los ríos Beni y Madre de Dios, según la decisión del Juzgado Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia, Trabajo y Seguridad de Rurrenabaque. sin embargo, este fue revertido.
Ahora el auto emitido por la justicia establece claramente que la AJAM no deberá suspender el procedimiento administrativo de las solicitudes en curso de FERRECO R.L., sin embargo, la suspensión afecta únicamente a la fase de protocolización del contrato administrativo minero.
El Secretario de Medio Ambiente de FERRECO RL., Adolfo Loza, comentó: «La AJAM ha sido notificada de esta determinación, lo que permite que cualquier cooperativa afectada por la suspensión de sus trámites acuda a la AJAM departamental de La Paz para solicitar la continuidad de sus solicitudes», de este modo, las cooperativas afiliadas pueden reanudar sus trámites y avanzar en sus proyectos mineros.
Conocida esta determinación la senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, manifestó su rechazo al considerar la misma como un “retroceso”. Cuestiona la seriedad del sistema judicial boliviano.
“La justicia boliviana no tiene ninguna seriedad, eso lo sabemos. En los pocos casos en que se logra avanzar, poco después se puede retroceder directamente hasta prácticamente fojas cero, y eso sí es muy grave”, afirmó.
Se ha subrayado que un avance de la AJAM en los contratos no garantiza la legalidad y el cumplimiento de deberes por parte de los mineros. “El lugar donde se verifican los contratos no asegura la defensa de derechos y el cumplimiento de las normativas establecidas”, agrega.
Finalmente denuncia que el Estado no solo es incapaz de impedir irregularidades, sino que también se convierte en cómplice de la destrucción de los bienes comunes. “Vamos a tener que ayudar y plegarnos a la Cepila para pelear. Además de las peticiones de informe, que son acciones legislativas, necesitamos lecciones de tipo judicial”, concluyó.
MEMORIAL DE ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN POPULAR / VIDEO: CPILAP /
/// GPP // LA PAZ ///
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