En la víspera culminó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a nuestro país, durante su labor en Bolivia la delegación constató falta de independencia judicial, violencia contra la prensa, polarización en la sociedad y uso excesivo de la detención preventiva.
La vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, indicó que la justicia en Bolivia está instrumentalizada por el poder político y que la apuesta es por una reforma judicial como la esperanza para superar estos males, asimismo, concluyeron que existe una violencia partidista por una extremada polarización política que derivó en una fractura en la sociedad boliviana por resentimientos de los hechos de 2019.
“Hay falta de acceso a la justicia por dos razones, la primera caracterizada por falencias normativas y debilidades institucionales y la segunda por ausencia de independencia judicial. En Bolivia históricamente la justicia se ha manejado de manera instrumental dependiendo del poder político en turno”, dijo.
Se advirtió además uso excesivo de la detención preventiva lo que resulta en hacinamiento en cárceles y uso excesivo de la fuerza pública en el paro de 36 días en Santa Cruz.
“Se ha identificado el uso de la violencia especialmente en los sucesos ocurridos en Santa Cruz desde el 21 de octubre de 2022 en el periodo conocido como 36 días de paro que contrasta con hechos violentos que escalaron en el tiempo debido al enfrentamiento entre grupos de choque civiles partidistas que derivó en personas heridas y al menos una fallecida”
Tras entrevistarse con actores políticos, sociedad civil, presos, órganos del Estado, autoridades y víctimas de violación de derechos humanos en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, la delegación encabezada por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, destacó también los avances en inclusión y participación social.
En los siete ejes encontrados en el informe preliminar de la visita se destaca primero la reducción de índices de pobreza extrema, recuperación económica tras la pandemia del Covid-19. Se subraya también contaminación de ríos por minería, proyectos que no cumplieron los mecanismos de consulta previa, deforestación y expansión agrícola sin control.
El segundo punto enfatiza en que no todos los pueblos indígenas sienten ser parte de la inclusión en políticas públicas.
Tercero, se observa elevados niveles de violencia de género pese al avance en la creación de leyes para evitar racismo y discriminación.
Cuatro, Se reconoce el uso excesivo de la fuerza policial en protestas y ataques a periodistas en cobertura, el gremio presentó más de 40 casos documentados.
Cinco, falta de acceso a la justicia, falencia en normativas y debilidad institucional. Procesos largos y extensión excesiva de las detenciones preventivas.
Seis, falta de recursos asignados a instituciones de derechos humanos y denuncias de corrupción contra instancias y autoridades en justicia.
Siete, desde los privados de libertad se informa carencias en la atención médica, falta de medicamentos, deficiencias en la prestación de servicios de salud sexual, escasez de agua, alimentos y dificultades para el acceso a la educación superior y a espacios para visitas.
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