Durante una visita a la ciudad de Sucre, el activista de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, responsabilizó a la Cancillería, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia si el exministro Arturo Murillo no es extraditado a Bolivia para cumplir con los procesos judiciales y sentencias que tiene pendientes en el país.
El exministro de Gobierno, fue liberado el pasado 20 de junio de una prisión federal en Estados Unidos, donde cumplía condena por lavado de dinero. En Bolivia, tiene ocho procesos penales abiertos: dos con sentencia, dos en juicio oral, dos en etapa preliminar y dos en fase preparatoria.
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